El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

El objetivo es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente. En las escuelas se propone como un día para que los niños y los jóvenes, junto con los directivos, docentes y todos los integrantes de la comunidad educativa y local comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional, y del régimen político democrático.

La fecha fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación N° 25.633, cuyo artículo 1º establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976.

El 24 de marzo de 1985 fueron las Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Hebe de Bonafini, las que empezaron a movilizarse el 24 de marzo, para exigir que fueran enjuiciados y condenados los culpables de crímenes de lesa humanidad.

El 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación Argentina dictó la ley 25 633, creando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el fin de conmemorar a las víctimas, sin darle categoría «feriado».

Tres años después, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable, feriado e inamovible. Algunas personas del ámbito político, como Rodolfo Terragno y del de los derechos humanos, como el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortinas (presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y organismos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se opusieron al proyecto y recalcaron la connotación festiva del carácter de feriado. Entonces la senadora Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que el feriado era positivo porque «no hay posibilidad de que ningún docente pueda ignorar el hecho».

Finalmente, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, la declaración del feriado nacional se convirtió en ley, al ser aprobada por el Senado con 34 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones.⁵​

Durante la presidencia de Mauricio Macri, el gobierno no realizó ningún acto oficial para la conmemoración de la fecha.⁶​

En 2017, el presidente Mauricio Macri mediante un Decreto de necesidad y urgencia (DNU), ordenó que el feriado sea movible. La decisión fue ampliamente criticada por Organismos de Derechos Humanos, sus propios aliados del gobierno nacional y la población en general.​ La presión social por conservar una fecha que ya es icónica en las efemérides argentinas, logró que se diera marcha atrás con el DNU y se conservara.